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La Costa Brava sigue siendo uno de los destinos más atractivos del litoral catalán, tanto para el turismo nacional como internacional. Sin embargo, este creciente interés ha llevado a un mayor control sobre el uso turístico de las viviendas, convirtiendo las licencias turísticas en uno de los principales retos actuales para propietarios y promotores inmobiliarios.
En los últimos años, las administraciones locales han impulsado nuevas normativas con el objetivo de regular la oferta de alojamiento turístico, preservar el equilibrio residencial y garantizar un turismo sostenible. Estas medidas han supuesto limitaciones en la concesión de nuevas licencias, así como requisitos más estrictos para mantenerlas activas.
Para los propietarios, disponer de una licencia turística en vigor se ha convertido en un valor añadido clave. No solo permite explotar legalmente la vivienda, sino que también incrementa su atractivo en el mercado inmobiliario, especialmente en zonas de alta demanda como Sant Antoni de Calonge, Palamós o Platja d’Aro.
En cuanto a los promotores, el reto pasa por adaptarse a un marco normativo cambiante, planificando los proyectos desde su fase inicial con criterios de sostenibilidad, uso responsable del suelo y cumplimiento legal. Hoy en día, la viabilidad de una promoción ya no depende únicamente de la ubicación o del diseño, sino también de su encaje dentro de la normativa turística municipal.
En este contexto, el asesoramiento profesional se vuelve imprescindible. Contar con expertos del sector inmobiliario permite a propietarios e inversores anticiparse a los cambios, detectar oportunidades reales y tomar decisiones informadas.
Las licencias turísticas en la Costa Brava ya no son solo un trámite administrativo, sino un factor estratégico que marcará el futuro del mercado inmobiliario y turístico de la zona.
